«El escrito enviado el 21 de mayo a la división civil del Departamento de Justicia retoma la petición de Sunil Aggarwal para pasar la psilocibina del Anexo I al II y la vincula con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en abril. Una carta enviada el 21 de mayo al Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reactivado la presión sobre la DEA para que resuelva la petición de Sunil Aggarwal, del AIMS Institute, de mover la psilocibina del Anexo I al II de la Controlled Substances Act. El escrito, firmado por el abogado Shane Pennington, recuerda que el expediente fue remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos en agosto de 2025 y que desde entonces no ha habido una respuesta pública definitiva.
La novedad, sin embargo, es procesal y política, no regulatoria. A 23 de mayo de 2026 la psilocibina no ha sido reclasificada, la DEA no ha anunciado una decisión nueva y la carta no equivale a una aprobación. Lo que hace el documento es intentar aprovechar la ventana abierta por la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 18 de abril sobre tratamientos para enfermedad mental grave.
Según la carta, la petición original se presentó en 2022 con la idea de facilitar el acceso a psilocibina en cuidados paliativos para pacientes terminales. Pennington sostiene que la demora resulta difícil de justificar porque la FDA ya ha revisado de forma extensa la evidencia sobre algunos psicodélicos y porque la propia Casa Blanca ha pedido agilizar el camino regulatorio para compuestos que hayan recibido designaciones relevantes dentro del circuito de investigación clínica.
Ese es el punto central del pulso actual. La orden ejecutiva de abril no reclasifica por sí misma la psilocibina, pero sí ordena a las agencias acelerar la investigación y estudiar vías de acceso para ciertos psicodélicos en evaluación. La carta intenta convertir ese cambio de tono político en presión administrativa concreta sobre un expediente que llevaba meses bloqueado.
También aquí conviene fijar un límite material. El documento expresa la posición de la parte peticionaria y no la de la DEA ni la del HHS. Además, incluso una hipotética reclasificación al Anexo II no equivaldría a legalización general ni a disponibilidad clínica inmediata: seguiría exigiendo controles federales, desarrollo regulatorio y, en su caso, decisiones posteriores sobre indicaciones, acceso y supervisión médica.»
